Juárez-Torreón
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El discurso sobre la guerra siempre es más extenso y brillante que el de la paz. Aún así, no podemos renunciar a la inteligencia, a la civilización más que a las armas, la violencia, la barbarie. En lo inmediato se ha atendido más con las armas que al la construcción del largo plazo en las bases de la sociedad. Así han pasado tres largos años, porque se apostó más a la violencia que a la reconstrucción social. Primero fueron las policías y luego el ejército. Pero poco se avanzó en educación, en dignificación de espacios, en la multiplicación de oportunidades. Y este es justamente una ruptura visible que podemos leer para las propuestas que los gobiernos Federal y Estatal han anunciado para Juárez y Torreón.
En el caso de Ciudad Juárez, el Presidente Felipe Calderón constató los reclamos directos de varias madres de familia cuyos hijos fueron asesinados. El sentido reclamo de una de las madres, Luz María Dávila expresó en buena medida la desesperación, la impotencia y el dolor que hay detrás de muchos mexicanos. “Lo que quiero es justicia” reclamó la señora Dávila.
¿Qué hacer entonces? Nuevamente se anunció un plan, un cambio de estrategia. Calderón, además de ofrecer disculpas a las madres, anunció un plan para Juárez. En el encuentro denominado: “Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”, el Ejecutivo Federal informó que la propuesta comprende cuatro ámbitos: la recomposición del factor institucional; el factor operacional y la depuración de las policías; el factor social, que incluye los temas de educación, salud, espacios públicos y, la participación ciudadana.
¿Hay novedad en la propuesta? ¿Tiene sentido después de tanta violencia? Los dos primeros rubros ya los conocemos y también los desalentadores resultados, pero los últimos dos, resultan novedosos en el discurso gubernamental.
El plan propuesto incluye explícitamente dos elementos destinados a atender algo más profundo y de largo plazo como son: educación, valores, cultura cívica, atención a grupos vulnerables, rescate de espacios públicos. Pero al mismo tiempo, reconoce el ejecutivo que “no escucharon” a la ciudadanía, y para lo cual se pretende privilegiar la participación ciudadana. Se trata pues de mecanismos como las políticas públicas e incluso la gobernanza, para ir más allá de la gobernabilidad.
Quizá por eso, en su discurso del 9 de febrero en Palacio Nacional, el Secretario de la Defensa, el General Guillermo Galván, incluyó en su discurso el concepto de “cohesión social” como signo del cambio de estrategia. Ante el fracaso de las armas, ante el efecto limitado de la fuerza, comienzan a cobrar fuerza conceptos como integración social, inclusión, cohesión social, cultura cívica.
En un importante estudio de la región latinoamericana, la CEPAL midió el impulso de esas prácticas encaminadas a la difícil tarea de restaurar el tejido social. Retomo el siguiente extracto: “En física, una definición simple de cohesión considera el cruce de tres variables que relacionan los elementos dados de un conjunto, a saber: la distancia entre los elementos, la integración entre ellos y el todo y la fuerza que los conecta. Respecto de la vida en sociedad, guardando las diferencias pero rescatando las analogías, la cohesión puede entenderse como el efecto combinado del nivel de brechas de bienestar entre individuos y entre grupos, los mecanismos que integran a los individuos y grupos a la dinámica social y el sentido de adhesión y pertenencia a la sociedad por parte de ellos”.
De esa manera, la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos (Cohesión social, Cepal, 2007).
Visto en nuestro entorno lagunero, resulta coincidente ese cambio de estrategia en relación a la problemática de la inseguridad. El Gobernador Humberto Moreira también anunció un nuevo “Plan Torreón”, el cual ya no se centra exclusivamente en los cuerpos de seguridad, sino se desdoblará, según se anunció, en “acciones en materia de empleo, economía familiar, educación, deporte y servicios primarios”.
Ambos anuncios de planes para Juárez y Torreón son en principio positivos por su intención social, no obstante, falta conocer los detalles, la letra pequeña. Falta ver, para bien de la sociedad, el impacto de los mismos en esa necesaria labor por la cohesión social.
twitter.com/uncuadros
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Luis Felipe escribió:
mar/16 feb Hola Carlos:
Van algunas ideas sobre la demencial violencia.
Estado, violencia y medios
Decía el gran teórico de la sociología francesa Rene Loureau, que las instituciones son depositarias de la neurosis colectiva. Por lo cual todos los intentos por transformar las mismas requerían de un análisis institucional, al que denomino la intervención institucional. Que consistía básicamente en aplicar una especie de psicoanálisis colectivo, con el fin de que la problemática oculta emergiera y se hiciera consciente, como primer paso para poder emprender soluciones a fondo con la participación de todos los actores involucrados en su funcionamiento. Es decir vencer las resistencias al cambio y darle rumbo y dirección a las transformaciones con la participación colectiva.
A las sacrosantas instituciones mexicanas, les urge ya no tan solo una intervención institucional, sino un verdadero exorcismo para que la ciudadanía vuelva a confiar en ellas. Ninguna se escapa del descrédito público, desde el IFE, al IPAB, pasando por el IFAI, hasta el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y cualquiera que usted mencione. Sus decisiones cínicas y vergonzantes no hacen sino acreditar las famosas palabras de López Obrador cuando dijo en términos metafóricos: “al diablo con las instituciones”.
Pero una de las premisas fundamentales de todo estado de derecho es el respeto irrestricto a la ley. En nuestro país la máxima ley es la Constitución, y en ella encontramos las garantías individuales, que son derechos de todos los mexicanos tales como: a).- Libertad de expresión, b).- Inviolabilidad del domicilio, c).- Libertad de tránsito, d).- Libertad de asociación, e).- Derecho a la propiedad f).- Igualdad ante la ley, g).- Libertad de culto, etc. Estos derechos constitucionales en los actuales tiempos neoliberales parecen letra muerta. En realidad que podemos esperar de las instituciones, que nos recetan hasta el hartazgo el eslogan clásico de la aparente defensa del “Estado de Derecho”, cuando en la práctica y de manera reiterada son ellas las que contravienen permanentemente las leyes emanadas de la Constitución Mexicana. Donde usted le busque encontrara infinidad de botones de muestra.
El uso político del miedo como mecanismo de control y de legitimación autoritaria en Estados Unidos fue documentado por Naomi Klein en su ya clásico libro “La doctrina del shock. Cuya tesis central consiste en que: “al igual que un individuo en estado de shock acepta acuerdos y condiciones que no le serían aceptables en condiciones normales, el momento después de un momento traumático es el mejor para conseguir que una sociedad asuma cambios que consideraría inadmisibles en un contexto natural. El estado de shock se consigue en el individuo mediante torturas y en la sociedad mediante GUERRAS, ATAQUES TERRORISTAS O EPIDEMIAS”. El actor y director de cine Tim Robbins, a propósito del libro nos dice: “ Naomi Klein denuncia la estafa de las políticas económicas de la Escuela de Chicago y su conexión con el caos y el derramamiento de sangre por todo el mundo. Éste es un libro tan importante que se convertirá en un catalizador y un punto de inflexión en el movimiento por la justicia económica y social.” La “doctrina del shock” parece reproducirse en México usando otros pretextos (el combate contra el crimen organizado).
Si usted revisa de manera aleatoria cualquier diario o noticiero local o nacional, encontrara innumerables casos de violaciones de las garantías individuales y de los derechos humanos por parte de la autoridad encargada de salvaguardar dichos derechos. El estado mexicano, actúa reiteradamente y de manera flagrante como un ente que atenta contra los preceptos constitucionales. Se aduce que las restricciones a la libertad de los ciudadanos es un costo que hay que pagar porque se está en guerra contra la delincuencia organizada. Sin embargo al paso que vamos no se vislumbra un fin a corto plazo. Se alboroto al “avispero” y ahora no hay forma de pararlo.
Con la llegada de Felipe Calderón al gobierno de la República, la violencia se desató como nunca antes en la historia reciente de nuestro país. Su afán por lograr una legitimación que no logro en el proceso electoral del 2006, lo llevo a diseñar una estrategia de combate al crimen organizado con el fin de obtener reconocimiento social que compensara el descrédito público, resultado de un proceso electoral bastante oscuro y cuestionado. Con el apoyo de las grandes cadenas de televisión y de algunos diarios y revistas de cobertura nacional se desencadenaron una serie de acciones mediáticas tendientes a legitimar las acciones del gobierno federal en su “guerra” contra “los malosos”, con su caudal de violencia y de muerte sin fin. La televisión, la prensa y la radio, –con sus escasas excepciones- al servicio de este esquema de manipulación y desinformación a la opinión pública. Obviamente los comunicadores no se mueven solos, por más que se rasguen las vestiduras defendiendo la libertad de expresión, ellos están en un medio mercantil cuyo móvil principal es el lucro, la ganancia, la acumulación. Dichos medios tienen una línea editorial y no le van a dar “de patadas al pesebre”, a menos que así convenga a sus intereses
Decía el viejo Marx que en la sociedad moderna lo económico es lo determinante en última instancia sobre la superestructura jurídico-política, lo que en otros términos diríamos que el poder económico de los barones del dinero a los que Zepeda Patterson llama los “Amos de México” dominan y determinan las acciones de los “poderes legales”. Los poderes fácticos hoy más que nunca actúan sin cortapisas en defensa de sus intereses por encima del cacareado “Estado de Derecho”. Y no hay poder legal que los detenga. La división de poderes se ha transformado en una unión de poderes contra el pueblo.
